Un especialista argentino que trabaja en Suiza explicó por qué no hay que castigar a los consumidores. Estuvo presente el ministro de Justicia, Anibal Fernández.
Al inicio del encuentro, Feldman, que se desempeña en el Servicio de Abuso de Sustancias del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario de Ginebra, expuso sobre el sistema de atención a los drogadictos -en lo sanitario y en lo legal- que se aplica en Suiza, país donde reside desde hace 16 años este médico psiquiatra argentino, especializado en drogadicción.
El especialista destacó el criterio de “descriminalizar” al consumidor, con el que luego coincidió Fernández, quien sostuvo que se está trabajando sin plazos con ese objetivo.
El ministro de Justicia -en su breve participación- dijo que la tarea que realiza esa cartera para cambiar la situación en Argentina se basa en los mismos principios de la política Suiza. “La represión a quienes realmente tenemos que reprimir, pero dejémonos de perseguir a los perejiles”, destacó.
La despenalización del consumo en Suiza, propuesta por parlamentarios socialistas y verdes, no prosperó, pero mediante el “principio de oportunidad” quien consume drogas -en forma dependiente o social- no es considerado un criminal, por lo que no recibe una condena sino un tratamiento. Es por eso que los cerca de 300 mil adictos de ese país no están en prisión.
De esa manera, “el consumo de marihuana, heroína, cocaína y drogas de síntesis está penado en Suiza con hasta seis meses de prisión, pero el juez o la policía puede aplicar sólo una multa y cerrar el expediente, que es lo que generalmente ocurre”, explicó Feldman.
POLÍTICAS EN SUIZA. El especialista explicó que la política helvética sobre drogas y alcoholismo se apoya en cuatro pilares, que son el tratamiento, la prevención, la represión del tráfico y la reducción del daño. Una de las innovaciones en el tratamiento es el sistema de sustitución de drogas, que en el caso de los heroinómanos se basa en dosis de metadona, que es una sustancia menos dañina.
El modelo de “reducción de daño” contempla que el adicto tenga acceso a prestaciones que eviten que su situación empeore, como el suministro de material estéril, que puede comprar por pocos centavos; el cambio de jeringas sucias por nuevas o la entrega de preservativos, además de acompañamiento personal.
Además existen “salas de consumo”, que son un espacio de acogida y posibilidad de inyección, donde un enfermero ayuda a drogarse sin riesgos colaterales, controla que nadie lo haga si está alcoholizado y evita las sobredosis”, explicó Feldman.
“En esos lugares -siguió-, cada uno se inyecta lo que lleva, es decir que no se suministra droga y lo único que se busca es evitar que la situación física se deteriore aún más, ya que se sabe que será imposible evitar que se drogue”. Aclaró esa política “no se considera una incitación al consumo, sino el acceso a menos riesgos de quienes inevitablemente se van a drogar”.
Estas medidas lograron bajar el número de adictos inyectables y también los casos de sobredosis y son viables mediante un trabajo conjunto de las autoridades, que involucra a la policía, que no arresta a quienes asisten a los centros de atención a drogadictos, ya que no los considera criminales.
